Elecciones inciertas

Es evidente que el peligro de eventual rebrote crecerá conforme se acerque el otoño. Pero, mientras no exista una vacuna para combatir el virus, nada garantiza con absoluta certeza que los comicios vayan a desarrollarse con plena normalidad y un nivel de participación que aleje la tentación de cuestionar la representatividad o legitimidad del Parlamento resultante. Ni en julio ni en ningún otro momento. De ahí que habría sido deseable blindar la decisión con un acuerdo tan unánime como el que precedió al aplazamiento de las autonómicas previstas para el 5 de abril. Pero la política de Euskadi sigue siendo más proclive a la confrontación que a los pactos, incluso en cuestiones alejadas de controversias ideológicas como es el caso.

La fecha escogida puede ser defendida con argumentos sólidos, pero no es ajena a los intereses de los socios en el Gobierno vasco. La gestión de la crisis ha reforzado el protagonismo de Iñigo Urkullu, mientras los candidatos de otras fuerzas quedaban en segundo plano con un Parlamento funcionando al ralentí. Tienen razón el PNV y el PSE en que la excepcionalidad del momento aconseja disponer cuanto antes de unas instituciones plenamente operativas para combatir el Covid-19 y sus devastadoras consecuencias. No es menos cierto que los destrozos del virus en la economía y el empleo -un factor de posible desgaste para el Ejecutivo- serán mucho menos visibles al inicio del verano que en septiembre u octubre, cuando la recesión esté en su apogeo.

La incertidumbre rodea las primeras elecciones que se celebrarán en julio, sin actos masivos, con una ciudadanía aún conmocionada por la pandemia y la amenaza de una alta abstención por el temor al contagio de los colectivos más vulnerables, que puede afectar de forma imprevisible al escrutinio. Las instituciones están obligadas a desplegar el máximo esfuerzo para garantizar el derecho de sufragio bien de forma presencial, sin peligro para la salud, o a través del voto por correo.

Acaba una legislatura en la que la precaria mayoría de jeltzales y socialistas ha limitado su margen de maniobra y se han visto frustradas las expectativas de amplios acuerdos en torno a la reforma del Estatuto o la memoria tras el final de ETA. El fraude en la OPE de Osakidetza y el trágico derrumbe del vertedero de Zaldibar han hecho mella en la imagen de un Ejecutivo que ha protagonizado una aseada gestión económica y pioneras iniciativas sociales -sobre todo, en materia de conciliación- dignas de aplauso. Los vascos decidirán a quién otorgan su confianza para gestionar una coyuntura crítica, en la que será necesario el concurso de todos por el bien del país.