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Cuando el pasado 24 de abril el lehendakari ante la Diputación Permanente anunció su decisión de convocar para el día 30 de abril una «Mesa de partidos políticos para evaluar la declaración de emergencia sanitaria y analizar la posibilidad de convocar las elecciones vascas en ... plazo de tres meses, antes de agosto», activó una reflexión que se encontraba en estado de hibernación en la sociedad vasca y también en el conjunto de las formaciones políticas que vivían un poco de espaldas a esa asignatura pendiente, como si el estado de alarma hubiera suspendido de facto la vigencia de las instituciones democráticas y como si hubiéramos interiorizado que continuar con un Parlamento disuelto es una anomalía asumible hasta la desaparición certera del riesgo.
Con independencia de que al anuncio realizado por el lehendakari se le pudiera reprochar la inadecuación del foro para hacer público el mismo, pues la sesión de la Diputación Permanente era para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno, la iniciativa de Urkullu ha sacado de su letargo a los partidos para situarles ante el desafío de tener que asumir responsablemente y de forma compartida la decisión de cómo y cuándo pasamos de tener un Legislativo disuelto a disponer de un nuevo Parlamento elegido.
La iniciativa consistente en estudiar conjuntamente el escenario sanitario-electoral más apropiado, dentro de los probables, para la celebración de unas elecciones que fueron suspendidas, tiene a mi juicio tres razones a su favor. En primer lugar, recordar a lo partidos que la suspensión no fue 'sine die', sino mientras se mantenga la declaración de la emergencia sanitaria. En segundo lugar, que si bien legalmente la facultad de convocar las elecciones corresponde al lehendakari, la responsabilidad política de examinar, negociar, acordar y compartir la decisión es de todas las formaciones. En tercer lugar, para poner encima de la mesa que el tránsito de la emergencia sanitaria, con sus enormes secuelas laborales y económicas, a una nueva situación requiere no sólo de un gran «pacto nacional» en Euskadi sino también de instituciones democráticas en plenitud de facultades y competencias.
En la reunión celebrada ayer en Lehendakaritza los partidos políticos decidieron volver a reunirse el 14 de mayo. Es normal que en esta primera reunión no surja el acuerdo. Era previsible. Lo importante es que nadie juegue en este tema a la dinámica gobierno-oposición. Tras la suspensión acordada por el lehendakari y los partidos, la nueva convocatoria exige también el esfuerzo de todos para que la decisión en torno a ella sea compartida. Es importante que la decisión, además de la legitimidad legal, cuente también con el plus de una sólida legitimidad política.
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