SR. GARCÍA

El valor del Estatuto

Editorial ·

Su aportación al progreso de Euskadi suscita un amplio consenso, aunque es injustificable que no esté completado 43 años después

El correo

Martes, 25 de octubre 2022, 00:06

Euskadi goza de una autonomía real en el diseño y ejecución de sus políticas públicas muy superior a la que cabía imaginar cuando el Estatuto de Gernika fue aprobado en referéndum hace hoy 43 años. Las instituciones de autogobierno tienen capacidad de decisión sobre la ... inmensa mayoría de las cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Ese hecho, unido a la singularidad del Concierto Económico -que garantiza una suerte de soberanía fiscal y, bien gestionado, permite disponer de una financiación por habitante mucho más elevada que la media nacional, lo que repercute favorablemente en el bienestar de los vascos-, dota a nuestra comunidad de unos poderes únicos en la UE, lo que debe ser reconocido en su justa medida. Con el añadido de que la presencia en ella del Estado es casi residual. Conviene recordarlo cuando desde el nacionalismo se denuncia con razón la injustificable anomalía que supone a estas alturas la existencia de un puñado de competencias sin traspasar.

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Una circunstancia que no debe conducir al error de menospreciar el camino recorrido ni al de ver medio vacío el vaso del autogobierno, cuyos pilares básicos llevan décadas transferidos y al que restan unas pocas materias de mínima relevancia, salvo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Incluso aunque pueda resultar decepcionante el incumplimiento del calendario pactado con Pedro Sánchez para completar su desarrollo. El lehendakari atribuyó ayer al «autogobierno» el valor de ser «punto de encuentro de una parte mayoritaria de la sociedad». Pocas dudas caben al respecto. Es sintomático que utilizara ese término en vez de referirse expresamente al Estatuto, con el que una gran parte de los vascos se sienten satisfechos, pero cuya aprobación se resiste a festejar el nacionalismo, quizás por su empeño en verlo como un simple paso intermedio hacia cotas mayores a las que no renuncia.

Cuarenta y tres años después, es necesaria su actualización para adecuarlo a una nueva realidad. Esa reforma debería concitar un acuerdo transversal al menos equivalente al de 1979, reconocer los plurales sentimientos de pertenencia que conviven en Euskadi y respetar el marco constitucional. Es cuestionable que Iñigo Urkullu vaya en esa dirección cuando reivindica una relación bilateral con España, la no ejecución en Euskadi de las leyes básicas que afecten a sus competencias y un Poder Judicial «propio».

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