La urgencia es el sosiego

Editorial ·
La salida a la crisis institucional desatada por la renovación del Constitucional está en la moderación y la renuncia; en ningún caso en la polarización que empodera a los más papistas y a los extremos

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Miércoles, 21 de diciembre 2022, 00:40

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la tramitación parlamentaria de dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal promovida por ambos grupos que modificarían la ley orgánica que regula esa institución y la del Poder ... Judicial al aceptar un recurso de amparo del PP. De esa forma, ha frenado el desbloqueo de la renovación de la corte de garantías promovida por el Gobierno. Los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, han expresado su frontal discrepancia de la resolución, que a su juicio vulnera la autonomía del Legislativo, pero aclararon que la aplicarían, como resulta obligado. También lo ha hecho Pedro Sánchez, quien anunció ayer en tono enigmático que el Ejecutivo «adoptará las medidas que sean precisas» para poner fin a la interinidad en el TC. La que tiene más a mano es intentar restablecer el diálogo con Alberto Núñez Feijóo para acabar con un injustificable incumplimiento del mandato de la Carta Magna sobre la elección de los miembros del tribunal y del CGPJ. Un incumplimiento del que son responsables los dos grandes partidos, aunque puedan establecerse graduaciones entre ellos, y que ha llegado demasiado lejos: a un peligroso enfrentamiento entre poderes del Estado que solo beneficia a quienes desean socavar sus cimientos.

La crítica al TC se basa en la supuesta conculcación del deber y del derecho de los parlamentarios a legislar. Pero el fallo, adoptado por seis vocales conservadores frente a cinco progresistas y al que se han opuesto argumentos jurídicos de peso que no conviene despreciar, invita a que las Cortes mejoren en el desempeño de sus funciones sin urgencias injustificadas. Acatarlo, como ha prometido hacer Sánchez, puede tener muchos significados. Uno de ellos es que el Gobierno se avenga a tramitar un proyecto de ley y lo someta a los informes preceptivos de órganos constitucionales y a un debate pausado que permita poner en la balanza de la calidad democrática las ventajas e inconvenientes de rebajar la mayoría necesaria para designar a miembros del Constitucional. Lo audaz sería eso y no buscar atajos simulando que son los grupos parlamentarios del Ejecutivo los 'padres' de reformas como la ahora frenada. Una decisión que varios ministros han calificado de «secuestro de las instituciones democráticas» por parte del PP en un exceso dialéctico que solo echa leña al fuego, como los protagonizados por los populares y otras formaciones.

Aunque ese debate legislativo será infructuoso mientras la política partidista no ofrezca mayores rasgos de institucionalidad y los juristas designados o por designar para tan altas encomiendas no se sustraigan a la espiral de una confrontación polarizada. El hecho de que el CGPJ volviera a empantanarse ayer en la pugna entre dos sensibilidades, para acabar frustrando la esperanza de que empezara a remitir por fin la crisis institucional con la designación de sus dos vocales para el TC, advierte del riesgo de que tan delicada situación sea pasto de la liza electoral. Y de que el necesario equilibrio entre los poderes del Estado se posponga un año, hasta después de las generales, sin garantía de que esta insufrible sensación de empate infinito lleve a una situación mejor. Las voces que disienten del Constitucional alegan que se le ha usurpado poder al Legislativo. Pero es la política de partidos la que lo atenaza, la que llevan a medias el PSOE y el PP. La que empodera a los más papistas y a los extremos, cuando la salida a la crisis institucional está en la moderación y la renuncia.