El último recurso

El proyecto de ley, que ha contado con el señalado respaldo de Ciudadanos y el PNV, surge en medio de un clima de gran división ideológica en las cámaras parlamentarias, lo que no justifica la precipitación y que no se hayan introducido aportaciones de la oposición que resultaban razonables. Porque el recurso a esta solución radical sólo debe producirse en situaciones límite, cuando han fracasado o no se han aplicado debidamente los cuidados paliativos que han de ofrecerse a quienes sufren, sobre todo si se hallan en estado terminal, o cuando el Estado de bienestar -a través de la prestación de la dependencia, que todavía no se ha extendido lo suficiente- ha fracasado a la hora de proporcionar recursos y medios para aliviar el padecimiento de quienes han llegado al extremo de su resistencia. En buena lógica, la mejora de los cuidados paliativos y de la situación de los dependientes reduciría el recurso a la eutanasia, cuya aplicación ha de considerarse siempre la consecuencia de un fracaso colectivo.

Las meticulosas garantías que incluye el proyecto de ley para asegurar el uso correcto del suicidio provocado -cuando el sanitario administra el fármaco que extinguirá la vida- y del suicidio asistido -cuando el sanitario entrega al paciente ese producto para que él lo ingiera- parecen pertinentes, empezando por permitir la objeción de conciencia a médicos y enfermeros, así como que se cumplan los requisitos clínicos de que se está en presencia de una situación irreversible y que la voluntad del enfermo es clara. Pero el papel del Estado debería ir más allá. Si se considera la eutanasia como último recurso de la medicina paliativa, hay un amplio camino que recorrer por el sistema sanitario antes de que no quepa otro remedio que anticipar el fin de la vida, el bien más preciado que tenemos.