Un supremo revés

El supuesto de que tanto la sentencia del Supremo como todos los demás procedimientos en curso estarían contaminados por presiones políticas, la remisión del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a la lectura de los votos particulares de las dos magistradas discrepantes o las alegaciones de Pilar Alegría sobre que los condenados no se lucraron personalmente revelan hasta qué punto todos los partidos señalados por corrupción reaccionan de igual manera. Transmiten a la opinión pública el mensaje de que los borrones -incluso los constatados judicialmente- no pueden ensombrecer la trayectoria de la formación y de los dirigentes implicados porque en el fondo no responden a la verdad de los hechos. Ocurrió con Jordi Pujol y está volviendo a ocurrir con la ya procesada Laura Borràs. Y ha sucedido en todos y cada uno de los casos que han afectado al PP. Un partido que no es el más autorizado para sentar cátedra sobre virtudes éticas en la gestión de los recursos públicos. Aunque los portavoces socialistas recurran al argumentario popular al afirmar que ya habían penado por los costes políticos de los ERE en anteriores elecciones. El Gobierno no cierra la puerta a un indulto que evite la entrada en prisión de Griñán. En realidad, la propia decisión en apariencia jurídica de recurrir o no al Constitucional adquiere connotaciones políticas y partidistas, porque de eso han sido cargados los ERE, también por los socialistas. Que no pueden desprenderse del estigma cuando trataban de recuperarse del 19-J.