Los catalanes acuden hoy a las urnas para elegir su quinto Parlamento en apenas diez años. Ninguno de los anteriores concluyó su mandato. Esa anómalana situación, que da fe de una persistente inestabilidad, se une al hecho de que los comicios se celebran en medio ... de una pandemia, con las excepcionales medidas de prevención que ello conlleva, y de que hasta su fecha ha sido motivo de controversia, dilucidada finalmente en los tribunales. Por si todo ello no fuera suficiente para ilustrar la singularidad que rodea la jornada, los esfuerzos desplegados para hacer compatibles el derecho a la participación política y la protección de la salud no alejan el riesgo de una alta abstención, que podría distorsionar los resultados en un sentido impredecible e incluso alentar un cuestionamiento de su legitimidad en contra de los usos democráticos habituales. El fuerte incremento del voto por correo -un fiel indicador del miedo a los contagios- corregirá, aunque solo en parte, la previsible caída del sufragio presencial.
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Pocas elecciones se han visto precedidas de tantas incertidumbres en la historia reciente de nuestro país. Las encuestas vaticinan una máxima igualdad entre las principales formaciones y que serán necesarios acuerdos a dos o tres bandas para asegurar la gobernabilidad que tanto echa en falta Cataluña. Lo deseable sería que viniese de un entendimiento transversal sobre cuestiones básicas que apuntalara la convivencia y ayudara a derribar los muros que han causado una nociva división política y social en esa comunidad. Sin embargo, los vetos cruzados entre los partidos durante la campaña y el compromiso por escrito de todas las fuerzas independentistas de no pactar un Gobierno con el PSC alientan el riesgo de que las trincheras sigan imponiéndose al diálogo, con las devastadoras consecuencias ya conocidas. Una inteligente lectura del escrutinio de hoy debería impedirlo.
La lucha contra la pandemia y la crisis económica derivada de ella, así como el reforzamiento de unos servicios públicos seriamente deteriorados tras una década de abandono deberían ser las prioridades de la legislatura. Anteponer a esos problemas reales el aventurerismo secesionista en una flagrante violación del Estado de Derecho sería un irresponsabilidad que solo generaría fractura y frustración. Ese camino no conduce más que al abismo, como ya se ha comprobado en un pasado que urge superar.
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