La paulatina revelación de imágenes y datos sobre las circunstancias que rodearon la muerte de al menos 23 jóvenes migrantes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio compromete de tal manera la versión ofrecida por el ministro de Interior y hecha suya ... por Pedro Sánchez desde el primer momento que requiere del Gobierno aportar toda la información de que dispone, rectificar sus explicaciones anteriores y asumir las responsabilidades que deriven de todo ello. La eventualidad de que Fernando Grande-Marlaska optara ayer por referirse a aquellos sucesos en su comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso podría resultar improcedente para el caso. Y cuando menos insuficiente al tratarse de hechos en los que a todas luces pudieron vulnerarse, por acción y omisión, derechos fundamentales, el deber de prestar auxilio a personas gravemente heridas y la normativa europea y nacional en materia de migración y asilo. Hechos que sucedieron indudablemente también en suelo español, con indicios de devoluciones 'en caliente' irregulares e incluso de traslados de los cuerpos de personas ya fallecidas hacia territorio marroquí.
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La comisión de investigación en el Congreso solicitada entre otros grupos por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu -una formación integrada en el Ejecutivo y dos de los socios de este- está plenamente justificada a no ser que una comparecencia ordinaria por parte del ministro desentrañe todo lo ocurrido en la valla de Melilla, con lo que probablemente tendría que dimitir a continuación. No solo por las muertes a que dio lugar el operativo dispuesto a ambos lados de la frontera; también por haber mantenido durante casi cuatro meses un relato inconsistente, que finalmente podría confirmarse falaz, de las circunstancias en las que se produjo la tragedia.
Pero la eventual renuncia de Grande-Marlaska a continuar en el cargo en ningún caso eximiría al Gobierno de su obligación de esclarecer detalladamente en sede parlamentaria un drama en el que su actuación contradice su discurso social. Claro que la exigencia hecha pública por el partido de Alberto Núñez Feijóo para que el titular de Interior dimita o sea destituido por el presidente Sánchez «mejor hoy que mañana» podría llevar a los interpelados a continuar enrocados a cuenta del clima de especial enconamiento que estos días ha vuelto a desatarse entre los populares y el Ejecutivo.
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