A la conmoción social y política que provocó los pasados 17 y 18 de mayo el cruce masivo de la frontera de Ceuta por al menos 8.000 marroquíes, en su inmensa mayoría menores no acompañados, se suma ahora un nuevo episodio con el anuncio ... de repatriación colectiva de entre 700 y 800 chavales que permanecían en un polideportivo y un centro de acogida de la ciudad autónoma. El proceso, que comenzó el viernes con quince jóvenes y continuó ayer con una segunda expulsión de un grupo similar, ha llevado a la Fiscalía General del Estado y a la de Ceuta a abrir diligencias de investigación y a reclamar información detallada sobre una operación que solo conoce por una comunicación genérica del Ministerio del Interior. A esta inquietud se suma una actuación de oficio del Defensor del Pueblo, la petición de «cese inmediato» de las devoluciones por parte del Consejo General de la Abogacía y la preocupación de varias ONG por la sospecha de que el procedimiento pudiera estar violando los derechos de los menores.
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Los jóvenes objeto de repatriación son ciudadanos marroquíes, y el regreso a su país se está llevando a cabo al amparo de un acuerdo de 2007 entre España y Marruecos «sobre cooperación para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado», según el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska. El convenio bilateral exige a la vez respeto a las legislaciones nacionales e internacionales de los firmantes, que prescriben mecanismos individualizados de respeto a los derechos de los jóvenes, entre ellos el de ser escuchados y oponerse a su devolución. La precisión de que los «más vulnerables» quedan al margen de la expulsión, cuando puede pensarse que todos ellos huyeron de situaciones de violencia, explotación y desatención en su país, no aplaca el clamor para que Interior aclare cuanto antes todos los extremos que demandan las fiscalías y las organizaciones de derechos humanos.
El hecho de que las deportaciones hayan descubierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición, por la abierta oposición del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, cuestiona el papel de todo este proceso en una eventual recuperación de la 'paz diplomática' con Rabat que pudiera tener como moneda de cambio el futuro de los menores. O que deje abierta la puerta a una repetición de los sucesos de mayo a voluntad de los intereses marroquíes.
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