Repatriaciones bajo sospecha

Los jóvenes objeto de repatriación son ciudadanos marroquíes, y el regreso a su país se está llevando a cabo al amparo de un acuerdo de 2007 entre España y Marruecos «sobre cooperación para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado», según el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska. El convenio bilateral exige a la vez respeto a las legislaciones nacionales e internacionales de los firmantes, que prescriben mecanismos individualizados de respeto a los derechos de los jóvenes, entre ellos el de ser escuchados y oponerse a su devolución. La precisión de que los «más vulnerables» quedan al margen de la expulsión, cuando puede pensarse que todos ellos huyeron de situaciones de violencia, explotación y desatención en su país, no aplaca el clamor para que Interior aclare cuanto antes todos los extremos que demandan las fiscalías y las organizaciones de derechos humanos.

El hecho de que las deportaciones hayan descubierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición, por la abierta oposición del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, cuestiona el papel de todo este proceso en una eventual recuperación de la 'paz diplomática' con Rabat que pudiera tener como moneda de cambio el futuro de los menores. O que deje abierta la puerta a una repetición de los sucesos de mayo a voluntad de los intereses marroquíes.