El anuncio de la reapertura por parte del Papa de la investigación canónica sobre el delito continuado de abusos sexuales a un alumno del colegio Gaztelueta ofrece a la Iglesia la oportunidad de redimirse de la soberbia que, hace siete años, la llevó a cerrar ... el asunto en falso. Antes de que se pronunciara la Justicia, la Congregación para la Doctrina de la Fe negó solidez a los hechos denunciados por el menor e incluso reivindicó el «buen nombre» del autor, el profesor condenado en 2018 a once años de prisión por la Audiencia de Bizkaia y al que la posterior pena de dos años dictada por el Supremo libró de terminar entre rejas. El nuevo examen del caso habría ganado en credibilidad si hubiera partido de la propia autoridad eclesiástica, y no fuera la imprescindible respuesta a la demanda del joven perjudicado. Pero se beneficia del nombramiento por Francisco del tribunal presidido por el obispo de Teruel. La condición de laico del docente condenado limita el margen de acción del Vaticano. Pero la contrastada voluntad de Jorge Mario Bergoglio de terminar con la pederastia y su encubrimiento en la institución que encabeza debe satisfacer la exigencia básica de reparar a la víctima y su familia.
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