Rectificación de justicia

Por muy censurable que resulte el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ tras haber concluido hace dos años su mandato, la alternativa no puede consistir en un cambio de las reglas de juego que choca con el espíritu de la Carta Magna en una cuestión tan medular para medir la calidad de una democracia. Las mayorías cualificadas requeridas para la designación del órgano de gobierno de los jueces están previstas para forzar acuerdos transversales que doten de estabilidad al sistema y afiancen la separación de poderes. Sustituirlas por una mayoría absoluta, que Pedro Sánchez y sus socios están en condiciones de alcanzar, para nombrar un Consejo a su medida y sin el concurso de la primera fuerza de la oposición es una chapuza que nunca debió producirse y que el presidente hace bien en corregir. Ya sea por la convicción de que ese camino era equivocado o porque las presiones de Bruselas no le han dejado otra opción.

La Justicia no está sobrada de credibilidad como para que los partidos la sometan a un impúdico manoseo que perjudica la confianza en las instituciones. Una vez se materialice el entierro de la proposición de ley, el PSOE y el PP han de pactar una renovación del CGPJ que restaure el prestigio de ese órgano y aleje cualquier sospecha de clientelismo político en el funcionamiento de los tribunales. Es su obligación y, además, una objetiva necesidad democrática.