Puertas giratorias vascas

La reforma de la ley que lo regula, recién aprobada por el Parlamento vasco, tiene la virtud de corregir carencias esgrimidas por diversos sectores para cuestionar su imparcialidad. No lo ha hecho, sin embargo, con la más escandalosa de todas ellas: la posibilidad de que un alto cargo político de reconocida militancia pueda formar parte del tribunal sin ningún periodo intermedio de espera entre ambas responsabilidades. Es lo que ocurrió en 2015 con el nombramiento de su actual presidente, José Luis Bilbao, que hasta 48 horas antes ejercía como diputado general de Bizkaia por el PNV. El hecho de que la entidad bajo su mando sea la encargada de fiscalizar las actividades económico-financieras y contables de la Diputación que dirigía hasta entonces y de todas las instituciones controladas por su partido no fue óbice para la controvertida elección.

Los cambios prometidos por los nacionalistas tras una operación tan anómala se revelan insuficientes al permitir la posible repetición de un proceder tan poco presentable. Si no se produce será porque Sabin Etxea no tiene la necesidad o el atrevimiento de hacerlo, no porque la nueva ley impida puertas giratorias como las que los partidos que la han aprobado -PNV, PSE y PP+C's- critican con razón en otros ámbitos cuando ellos no son los beneficiarios. Bienvenidos sean el reforzamiento de la mayoría parlamentaria para nombrar a los miembros del tribunal -tres quintos-, el aumento de los requisitos para acceder al cargo y de las causas de abstención o recusación, y la apuesta por la paridad de género. Pero Euskadi ha perdido una gran oportunidad para hacer más creíble la obligada independencia del órgano fiscalizador de su sector público.