Protocolo voluntario

El refuerzo con controles más sistemáticos que recoge el protocolo se ve relativizado por dos circunstancias: las PCR que contempla para trabajadores y residentes solo se llevarían a cabo cuando la incidencia supere los 300 casos por 100.000 habitantes en el respectivo territorio y, además, serán de carácter voluntario. La conclusión inmediata es que la pretendida efectividad de las medidas pierde fuerza en los dos colectivos concernidos. En los trabajadores no vacunados, porque la negativa a inmunizarse puede repetirse con las pruebas diagnósticas, y no necesariamente por motivos 'negacionistas' sino por contraindicación o temor. Aunque se trata de un 5% del personal asistencial, en el caso de asintomáticos su contacto con la población más vulnerable multiplica el riesgo. Y la situación de seguridad tampoco mejora objetivamente para los residentes, justamente liberados del aislamiento que los penalizó durante tantos meses pero expuestos a las consecuencias de la socialización de su entorno familiar y de amistades.

La patronal de las residencias hizo votos ayer por «avanzar ya hacia la normalidad», un propósito que sin duda comparte el conjunto de la sociedad pero que no puede ignorar que el virus se ha cobrado once víctimas mortales en geriátricos de Bizkaia y Álava este mes. Las instituciones vascas ni siquiera se plantean la posibilidad de apartar a trabajadores del contacto directo con los mayores, conscientes de que la dotación de medios humanos y las condiciones laborales lo harían imposible en la práctica.