La insistencia del Ministerio de Igualdad en que la ley del 'solo sí es sí' no entraña problema alguno y en que las fallas derivan de su interpretación por parte de las instancias judiciales encuentra su correlato político en el mantra que maneja el resto ... del Gobierno, empezando por el presidente Sánchez, que se limita a esperar a la unificación de criterios por parte del Tribunal Supremo. Una actitud ambivalente, ya que por una parte supondría la asunción de su dictamen final como argumento previo a una posible modificación legislativa y, al mismo tiempo, propiciaría que una resolución que ponga en solfa la actual redacción acabe en otro señalamiento del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
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Ni la reforma legal más acelerada podría subsanar la obligada revisión de las condenas a que ha dado lugar la norma vigente. Puesto que los casos sujetos a actualización son muy diversos también en cuanto a su momento procesal, entre sentencias en firme y juicios pendientes, el Supremo difícilmente expresará su posición sin que transcurran algunas semanas y sin que incluya numerosos matices, de modo que es probable que la diatriba jurídico-política continúe durante meses. Mientras, las audiencias concernidas no tendrán otro remedio que pronunciarse en aplicación de la ley Montero, al tiempo que la cerrazón de Podemos en torno al Ministerio de Igualdad comprometerá tanto la estabilidad del Gobierno de coalición como su credibilidad.
A la espera de que se clarifique la cuestión y a expensas de que resabios partidistas y reservas institucionales dilaten un debate que por momentos adopta formas de conflicto, es imprescindible que los responsables políticos atiendan al sentir profundamente herido de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, contra su integridad y dignidad, consignados en el Código Penal antes y después de la reforma en discusión. De manera que las señales de impunidad de los victimarios y de desprotección frente a ellos que perciban no acaben dañándolas aún más por el fragor del enfrentamiento público. Además, es necesario que la sociedad en su conjunto sea consciente de la dificultad de denunciar una agresión sexual aportando pruebas fehacientes sobre la comisión de un delito que en la inmensa mayoría de los casos es perpetrado sin testigos que no sean a la vez cómplices y mediante ataques que sitúan a las víctimas en un estado de 'shock' más o menos prolongado.
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