La misma semana en la que la izquierda abertzale quiso mostrar su cara más empática con las víctimas del terrorismo para arrebatar protagonismo a las instituciones democráticas en el décimo aniversario de la derrota de ETA, quedaba al descubierto que su auténtica prioridad sigue vinculada ... a su pasado más turbio de subordinación a la banda. Un pasado del que se resiste a renegar y sobre el que aspira a correr un tupido velo al ser consciente de que lastra sus expectativas de crecimiento electoral y dificulta alianzas para desalojar al PNV del poder. La declaración en la que EH Bildu aseguraba sentir el dolor que «nunca debió producirse» de los damnificados por la violencia quedó desactivada con la confesión de Arnaldo Otegi, apenas siete horas después, de que «la madre de todas las batallas» es excarcelar a los 200 presos que «tenemos», incluidos los que cuentan con condenas más largas por su dilatado historial criminal. «Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin problemas».
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El hecho de que esos mismos reclusos hayan provocado el sufrimiento que tanto decía lamentar cuestiona la sinceridad del manifiesto leído en el palacio de Aiete. Las palabras de Otegi dejan al desnudo un tacticismo desprovisto de ética y explican a las claras los motivos de la condescendencia de la izquierda abertzale con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ponen el foco sobre este, que no solo ha traspasado la 'línea roja' de tratar a EH Bildu como una formación convencional pese a no condenar el terrorismo para paliar así su precariedad parlamentaria, sino que ha hecho coincidir su apoyo con un generalizado acercamiento de presos de ETA a Euskadi. Esa medida está avalada por la legalidad, pero en este contexto es inevitable que una sombra se extienda sobre ella y especialmente sobre eventuales cambios futuros en la política penitenciaria.
El recorrido de la izquierda abertzale desde que ETA dejó las armas es tan incuestionable como claramente insuficiente. Constituiría un grave error que los intereses partidistas o la sociedad «narcotizada» de la que hablaba Otegi rebajaran el listón de la exigencia ética consistente en la inequívoca condena de un terrorismo que nunca tuvo razón de ser y una sincera autocrítica de quienes lo justificaron o jalearon. Así lo requieren la construcción de una convivencia normalizada y, sobre todo, la memoria de las víctimas.
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