El confinamiento de todos los municipios de Euskadi a partir del próximo lunes y la reducción de las reuniones grupales a un máximo de cuatro personas son las nuevas restricciones con las que el Gobierno vasco aspira a contener el descontrolado avance de la pandemia. ... Dada la alarmante propagación del virus, la inexorable necesidad de aplicar más medidas confirma la manifiesta insuficiencia de las aprobadas el pasado día 11, cuando ya eran visibles las nocivas consecuencias de la relajación dictada durante las fiestas navideñas. Las anunciadas ayer quedan por debajo de las expectativas creadas por el lehendakari y la consejera de Salud sin que la evolución epidemiológica explique ese giro. Al contrario, la situación empeora de forma acelerada hasta el punto de que nuestra comunidad entró ayer en alerta roja al superar los 500 contagios por cada 100.000 habitantes cuando hace apenas tres semana rondaba los 235.
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Iñigo Urkullu ha advertido de forma reiterada sobre la «extrema gravedad» de la crisis sanitaria. A ella se aferró su Ejecutivo cuando el miércoles defendió ante el Ministerio de Sanidad el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde y el cierre a las siete del comercio, la hostelería y la vida social. Resulta incomprensible que Pedro Sánchez eludiera dar el primer paso, reclamado con urgencia por la mayor parte de las autonomías -incluidas varias socialistas-, con el covid desbocado, récords de positivos y los hospitales de media España al borde del colapso. Las instituciones de Euskadi siempre se han comportado con cautela, sin apurar su margen de maniobra incluso en los momentos más críticos. Aún así, tampoco es fácil de entender qué ha cambiado para que las limitaciones adicionales a la actividad comercial que son de su competencia y creían indispensables hace 48 horas hayan dejado de serlo.
La eficacia de las nuevas medidas será puesta a prueba en los próximos días. El brusco agravamiento de la pandemia exige la máxima firmeza. En la prioritaria defensa de la salud pública no debería haber espacio para los cálculos políticos que se adivinan en la decisión de los gobiernos central y vasco de modular las restricciones con la presumible intención de evitar un desgaste mayor. Este desafío requiere precisión quirúrgica, no sobreactuaciones, para reducir daños colaterales. Pero también no olvidar que intervenir a destiempo o quedarse corto tiene irreparables costes humanos y otros económicos.
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