El debido respeto a las decisiones judiciales no las exime de ser sometidas a críticas. Pero en el debate público es deseable que estas se basen en argumentos jurídicos, no en eslóganes de pancarta como los que caracterizan el rifirrafe partidista. Máxime cuando la disparidad ... de criterios afecta a poderes del Estado. Es impropio que dos ministras -Irene Montero y Ione Belarra, de Unidas Podemos- atribuyan a los jueces que han rebajado las condenas a agresores sexuales, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', un «incumplimiento» premeditado de esa norma por «machismo» y les acusen de erigirse «en oposición al Gobierno». Como lo es cuestionar desde este la formación de la Judicatura en violencia de género o hablar de «fachas con toga» sin la menor autocrítica a la dudosa calidad jurídica de una regulación sobre la que el CGPJ advirtió en febrero de que podía tener esa consecuencia en un informe avalado por todos sus vocales y desoído por el Ministerio de Igualdad. Minar desde el Ejecutivo la confianza ciudadana en la Justicia por actuaciones que no se comparten es un peligroso tic populista que merecería una desautorización expresa por parte de Pedro Sánchez.
Accede todo un mes por solo 0,99€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.