Un plan fiscal con incógnitas

El plan del Gobierno para cumplir las nuevas reglas fiscales de la UE prevé reducir el déficit del 3,5% al 0,8% en 2031. Lo hará mediante un ajuste progresivo basado en un aumento medio del gasto público inferior al de los ingresos: el ... 3% en los siete próximos años. El Ejecutivo, que basa sus cálculos en un pujante crecimiento de la economía, ha dejado el margen más generoso para los dos ejercicios venideros, a partir de los cuales será necesario un recorte anual de 6.000 millones, salvo una drástica subida de impuestos para equilibrar las cuentas que vaya mucho más allá de convertir en permanentes los de las energéticas y la banca. Existen dudas razonables de que las cifras barajadas sean suficientes para financiar la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, las necesidades de sanidad, el incremento del gasto militar comprometido con la OTAN y políticas que favorezcan el acceso a la vivienda -una de las prioridades del país- sin afectar seriamente a otras partidas presupuestarias. De ahí que resulte aconsejable aprovechar la favorable coyuntura actual para avanzar en la consolidación fiscal y alejar el peligro de que el plan quede en papel mojado.