Obligada a dimitir

Porque, incluso desde la presunción de inocencia, Oltra no puede eludir que era consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas cuando se produjeron los hechos y, por tanto, responsable última de velar por la menor víctima de su entonces marido, adscrito a su vez como empleado público a los servicios de su departamento. Ni la coalición del Botánic ni la formación de la que es líder cuentan con un código que contemple el relevo de sus cargos a causa de una imputación judicial. Pero aunque tal citación no lleve a la Justicia a convertir los indicios contra ella en pruebas incriminatorias de cara a un juicio, ni Oltra, ni el presidente Ximo Puig ni Compromís pueden presentar la cuestión como si se tratara de un problema particular del que, si acaso, están dispuestos a rendir cuentas en las elecciones de mayo de 2023.

La naturaleza de la injusticia cometida y sentenciada no solo compromete la credibilidad de las izquierdas coaligadas en relación a los valores del feminismo, la igualdad y la protección de los menores. No solo obliga a que el Sumar de Yolanda Díaz establezca de antemano su propio código ante la conducta de sus representantes, cuando Ada Colau también está imputada. Ocurre que la resistencia de Oltra a asumir sus responsabilidades políticas desacredita a las instituciones.