El informe que prepara el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a Vivienda, que previsiblemente remitirá al Gobierno el próximo jueves, cuestiona su contenido en dos aspectos que el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos no puede soslayar: la invasión ... de competencias de las comunidades autónomas y la intromisión en las relaciones entre particulares en el mercado inmobiliario. Ni la injustificable interinidad en que se encuentra el CGPJ ni el carácter no vinculante de su dictamen pueden ser argumentos para que el Consejo de Ministros mantenga la actual redacción del texto, en un intento de evitar nuevas disputas en la coalición, sin ni siquiera revisar su solvencia jurídica ni para cuestionar la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces al pronunciarse sobre la materia.
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La propuesta del informe suscrito por los vocales José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas advierte de que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica» y limita las atribuciones del Estado al establecimiento de planes nacionales o de medidas de urgencia en situaciones de crisis y para ciudadanos en dificultades. Recuerda, además, que las administraciones territoriales han venido legislando sobre la materia, por lo que podrían generarse contradicciones normativas que dieran lugar a situaciones de inseguridad jurídica. Junto a ello, señala que el anteproyecto aborda cuestiones propias del Derecho Civil sobre la propiedad, los contratos de compraventa y de arrendamiento y la fijación de precios que excederían del alcance de una norma dispuesta para hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda, que los ponentes recuerdan no lo es en un sentido objetivo.
La regulación que se dispone a aprobar el Gobierno es el resultado de unas tensas y dilatadas negociaciones entre sus socios. Una dinámica que ha dado lugar a un texto tan detallado que ha podido volverse excesivo respecto a las atribuciones de otras administraciones y al libre mercado. Toda política de vivienda pretendidamente igualitaria corre el riesgo de desencadenar efectos contrarios a los pretendidos tanto en cuanto a la realización efectiva del acceso a ella como en sus efectos macroeconómicos. Además, de no atender las indicaciones del CGPJ, el Gobierno afronta el peligro de que esos argumentos u otros análogos sometan la futura ley a un examen constitucional de imprevisibles consecuencias.
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