Mejorar la Ley de Vivienda

La propuesta del informe suscrito por los vocales José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas advierte de que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica» y limita las atribuciones del Estado al establecimiento de planes nacionales o de medidas de urgencia en situaciones de crisis y para ciudadanos en dificultades. Recuerda, además, que las administraciones territoriales han venido legislando sobre la materia, por lo que podrían generarse contradicciones normativas que dieran lugar a situaciones de inseguridad jurídica. Junto a ello, señala que el anteproyecto aborda cuestiones propias del Derecho Civil sobre la propiedad, los contratos de compraventa y de arrendamiento y la fijación de precios que excederían del alcance de una norma dispuesta para hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda, que los ponentes recuerdan no lo es en un sentido objetivo.

La regulación que se dispone a aprobar el Gobierno es el resultado de unas tensas y dilatadas negociaciones entre sus socios. Una dinámica que ha dado lugar a un texto tan detallado que ha podido volverse excesivo respecto a las atribuciones de otras administraciones y al libre mercado. Toda política de vivienda pretendidamente igualitaria corre el riesgo de desencadenar efectos contrarios a los pretendidos tanto en cuanto a la realización efectiva del acceso a ella como en sus efectos macroeconómicos. Además, de no atender las indicaciones del CGPJ, el Gobierno afronta el peligro de que esos argumentos u otros análogos sometan la futura ley a un examen constitucional de imprevisibles consecuencias.