Mayor protección social

Las novedades incorporadas al borrador tienen una incuestionable relevancia al ampliar el escudo social con el que Euskadi combate las situaciones de vulnerabilidad con medidas sin precedentes en el resto de España. El pacto también presenta un alto valor político por el insólito aunque ya prolongado clima de entendimiento que proyecta, frente a la crispación reinante en Madrid, y al acercar el acuerdo de país reclamado por el lehendakari en torno a una materia extraordinariamente sensible a pesar de que la mayoría absoluta de la coalición PNV-PSE asegura la aprobación del proyecto sin apoyos adicionales. Elkarrekin Podemos se anota un tanto al arrancar jugosas concesiones que puede enarbolar ante el electorado de izquierdas como un ejemplo de oposición útil. El Gobierno vasco, mientras tanto, exhibe su imagen más dialogante y confía en sumar a EH Bildu a una ley que solo rechazan frontalmente el PP y Vox.

La cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en riesgo de exclusión es una responsabilidad que los poderes públicos no pueden eludir y en la que cualquier progreso es bienvenido. Resultan incuestionables los registrados en ese terreno gracias a la RGI. Existe, no obstante, un amplio margen de mejora en la inserción laboral de sus perceptores, que debe ser el objetivo final. Los resultados en este sentido servirán para medir el éxito de la ambiciosa reforma, que pondrá en marcha nuevos mecanismos para reforzar la lucha contra un fraude que, pese a su mínima dimensión, alimenta la demagogia con falsedades sobre una ayuda social que contribuye a construir una Euskadi más justa y solidaria.