Mandato constitucional

La renovación pendiente de los órganos constitucionales da la medida de la gravedad que alcanza el desencuentro entre las dos principales formaciones parlamentarias, PSOE y PP, que afecta al funcionamiento ordinario de las instituciones e incluso a la independencia de los poderes del Estado. El ... Consejo General del Poder Judicial lleva más de dos años y medio de interinidad, el Tribunal Constitucional debería haber relevado a cuatro de sus doce miembros hace año y medio, el Tribunal de Cuentas tendría que renovarse pasado mañana, el Defensor del Pueblo cumple hoy cuatro años en funciones. La confrontación partidista hace imposibles los tres quintos del Parlamento necesarios para la elección de instancias que la Constitución consagra al consenso político. Instancias cuya composición se halla varada en los acuerdos de estabilidad institucional que se obtuvieron durante el mandato de Mariano Rajoy, pero que el PP de Pablo Casado elude actualizar y el PSOE de Pedro Sánchez evita convertir en materia de política de Estado. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, rescató ayer la idea que acariciaron los socialistas hace nueve meses para sortear el bloqueo imputado al PP con la elección de los integrantes de los órganos constitucionales por mayoría absoluta y no cualificada. Sánchez renunció a intentarlo cuando la Comisión Europea censuró tal propósito. Pero la España constitucional no debería necesitar de supervisión comunitaria para respetar el espíritu y la letra de la Carta Magna, a no ser que alguien proponga una reforma de la Constitución en ese sentido.