El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene ante sí uno de los asuntos que más perturban el presente y el futuro del club comunitario: la deriva autoritaria a la que ha conducido a Hungría el Gobierno de Viktor Orban y su obstinación ... en entorpecer políticas que requieren una cada vez más cuestionada unanimidad. Ocurrió con la fracasada estrategia migratoria comunitaria, que choca con la insolidaria postura de Budapest apoyada por Varsovia y perjudicial para el resto de socios. El llamado Mecanismo de Condicionalidad se arbitró para convencer a los 'díscolos' de que con su proceder obstruccionista arriesgaban perder financiación europea. Y vuelve de nuevo a la actualidad después de que el Parlamento húngaro aprobara una legislación discriminatoria para la comunidad LGTBIQ considerada una «vergüenza» por la presidenta de la Comisión y que ha llevado a 14 estados miembros a pedir que se garantice la defensa del Estado de Derecho y a la Eurocámara, a amenazar con congelar el desembolso de fondos Next Generation. El TJUE deberá resolver si puede aplicarse y de qué manera un 'castigo' recurrido por dos gobiernos cada vez más distanciados de los valores fundamentales de la UE.
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