Grave daño institucional

El cumplimiento de las obligaciones constitucionales tasadas como tales, que solo ellos pueden satisfacer y en los plazos establecidos, es el mínimo exigible a los dos grandes partidos en disposición de dirigir los destinos del país. No tiene justificación alguna la anomalía democrática de que ... el Consejo General del Poder Judicial ejerza con el mandato prorrogado desde diciembre de 2018 sin que el PSOE y el PP hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo para su renovación. El interés de los populares en aplazar 'sine die' un relevo en el órgano de gobierno de los jueces que incline su mayoría del lado conservador al progresista resulta demasiado evidente por mucho que intenten ocultarlo detrás de las sucesivas excusas en las que se han escudado para mantener esa posición favorable. Aunque al Gobierno le muevan similares razones, la lógica institucional está de su parte. La proximidad de las elecciones locales de mayo no favorece un entendimiento. Tampoco el clima de extrema crispación entre el Gobierno y el PP. Pero alguien debería hacerse cargo de que cuanto más se prolongue este injustificable 'impasse' mayor será el daño que sufra una institución básica del Estado.