El viaje ayer, en domingo, del ministro Bolaños a Cataluña para ofrecer una salida a la crisis derivada del espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos y que está poniendo en jaque la legislatura refleja la gravedad tanto de la interceptación de los móviles de ... los afectados como del momento político. El Gobierno ha reaccionado de manera en exceso parsimoniosa ante una denuncia cuya verosimilitud no se ha puesto en duda -otra cosa es la autoría-, arbitrando cuatro medidas cuya eficacia real está por comprobar, incluido el inédito desvío al Defensor del Pueblo de una cibervigilancia que compromete la seguridad del Estado y a sus servicios de Inteligencia. El Ejecutivo trata de garantizar la limpieza del CNI por la vía de situar el foco en el centro, una decisión que deberá redundar en una inspección interna creíble para superar la eventual indefensión de los espiados. Junto a ello, nada resultaría más contraproducente ante una situación tan delicada que los partidos -y singularmente el PSOE y el PP, ya que de ellos depende la mayoría necesaria- se enzarcen sobre la conveniencia o no de constituir la comisión de secretos oficiales sin la que no existe control de operaciones y gastos reservados.
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