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El retorno del debate identitario a la política vasca ha puesto de manifiesto una vez más la brecha que separa a los partidos en este ámbito, cuyo protagonismo fue residual en la campaña de las elecciones autonómicas, volcada en la calidad de los servicios públicos ... y las cuestiones sociales que más preocupan a la ciudadanía. Mejorar el autogobierno es un objetivo ampliamente compartido. La controversia gira en cómo se concreta tal aspiración: en una actualización del Estatuto de Gernika para adecuarlo a los cambios sociales, a los avances en el reconocimiento de derechos y a los ajustes que se estimen necesarios en el entramado institucional o en un «nuevo estatus» que establezca una relación bilateral con el Estado sin lazos de dependencia, otorgue a Euskadi el título de nación e incorpore el derecho a decidir. La insistencia del PNV en esta segunda alternativa, atrapado en el acelerón soberanista impulsado por Joseba Egibar, hace harto improbable un acuerdo transversal con un apoyo superior al de 1979, respetuoso con el marco constitucional y que pueda ser avalado por las Cortes Generales antes de su sometimiento a referéndum.
Aunque el nacionalismo que gestiona la comunidad con mayor autonomía de Europa se resista a reconocerlo, los progresos factibles en ese terreno no son ilimitados. Tampoco una prioridad de la población. Resulta muy significativo que, según una encuesta de EiTB difundida este mes, mejorar el Estatuto -sin rupturas ni aventurerismos- sea la opción preferida por los vascos. Por ella se inclina un 42,3% y un 52,8% de los votantes del PNV. Apenas la mitad -un 21,3%- apuesta por el «nuevo estatus». Esa cifra solo supera en dos puntos a la de quienes desean mantener al autogobierno tal y como está.
Con el nivel del existente en Euskadi se hace muy difícil sostener que los problemas que aquejan a la sanidad, la vivienda, la seguridad, la educación o la conciliación obedecen a una falta de competencias cuando nuestras instituciones diseñan en lo sustancial las políticas en esas materias y, gracias al Concierto y al uso que hacen de él, les destinan los recursos que juzgan oportuno. La solución a las principales inquietudes sociales no pasa por un salto cualitativo en clave soberanista que, además de jurídicamente inviable, fractura a una sociedad plural. Como sucedió con el último intento fallido, los partidos habrán de optar entre una reforma estatutaria realista o dejar como está un texto que necesita una revisión.
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