La causa por terrorismo abierta a Carles Puigdemont por dirigir supuestamente Tsunami Democràtic, plataforma independentista cuyas protestas contra la sentencia condenatoria del 'procés' en 2019 derivaron en incidentes violentos, enfila hacia su final por un desenlace inesperado; uno más en la cadena de hechos imprevistos ... que jalonan las gravosas consecuencias políticas y judiciales del amago de ruptura de Cataluña con la España constitucional. El instructor del sumario en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha visto forzado a archivar el procedimiento por el que investigaba a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros nueve acusados -Puigdemont lo está por el Supremo como aforado- después de que la Sala de lo Penal le invalidara tres años de diligencias por una prórroga fuera de plazo. La falla en la instrucción, que abre la puerta al regreso de Rovira y aboca al sobreseimiento consiguiente para el líder de Junts, se interpreta por el independentismo como la evidencia de que el juez ha actuado con «intencionalidad política». Pero si algo prueba lo ocurrido es que la justicia que denuestan opera con sus garantistas mecanismos de revisión.
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