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Aunque profundamente divididos, los gobiernos de la UE dieron ayer vía libre a la Comisión Europea para aplicar los drásticos aranceles previstos a las importaciones de coches eléctricos chinos. La medida pretende proteger la industria comunitaria -una prioridad ineludible por el carácter estratégico del sector, ... que se juega su futuro en la transición energética para descarbonizar la movilidad- e impedir una invasión de vehículos del gigante asiático gracias a unos bajos precios conseguidos supuestamente por subvenciones contrarias a la libre competencia. Diez países votaron a favor, cinco en contra y doce se abstuvieron. Entre estos últimos, reacios a significarse contra Pekín por temor a represalias, figura España, que apoyó en su día la iniciativa, pero ha cambiado de criterio ante la amenaza de veto a sus exportaciones de porcino por parte de la segunda potencia mundial. Como es lógico y defiende Pedro Sánchez, Bruselas se propone intensificar la búsqueda de un acuerdo para impedir una guerra comercial que a nadie beneficia.
La competencia desleal de China es solo uno de los problemas de esta actividad, en la que la Unión no ha hecho sus deberes. Sigue sin ser capaz de fabricar coches eléctricos a precios atractivos, es dependiente en materias primas básicas y, en países como el nuestro, la limitada red de puntos de recarga, unida a la escasa autonomía de esos automóviles, frena su expansión. La consecuencia es que las ventas de esos turismos han caído en la UE un 8,3% hasta agosto, apenas representan un 12,6% del mercado -un 31,1% si se suman los híbridos enchufables- y están muy lejos de cumplir los objetivos fijados de cara a la prohibición de producir coches con motor de combustión a partir de 2035. España permanece en el furgón de cola con cifras muy inferiores. Esa situación amenaza los planes medioambientales europeos, las millonarias inversiones de las empresas para adaptar sus factorías, que no se corresponden con la respuesta de los consumidores, y miles de empleos.
El sector no arranca cuando debía haber cogido velocidad de crucero. Menos aún en España por el lento desarrollo de las infraestructuras de recarga y unas mal diseñadas ayudas a la compra, cuya revisión es obligada para que sean un verdadero incentivo. Sin medidas que fomenten un acelerón en las matriculaciones que ahora nada hace presagiar, la transición energética en este ámbito en los plazos previstos parece una quimera.
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