La solidaridad de Euskadi

El lehendakari, Imanol Pradales, reivindicó ayer con acierto que la solidaridad está «plenamente incorporada» al funcionamiento del Concierto vasco que, a diferencia del catalán, cuenta con el aval de la Constitución mediante el reconocimiento expreso de los derechos históricos. Bizkaia, Álava y Gipuzkoa ingresan los tributos con los que funcionan las instituciones autonómicas, pero sufragan una parte de los gastos del Estado con unos criterios que deberían alejar cualquier sombra de trato de favor. Además de la aportación a la financiación de otras comunidades que fija la ley, Euskadi abona el 6,24% del desembolso de la Administración central en las materias no transferidas, un porcentaje superior a su peso en la economía nacional y a su población, lo que habla por sí solo. Es cierto, sin embargo, que la injustificable falta de transparencia en la fijación de ese Cupo alimenta recelos que convendría desmontar no solo con palabras, sino con luz y taquígrafos.

ERC, como la antigua CiU, despreció ese sistema en la Transición al negarse a asumir los riesgos que implicaba. Ahora lo abraza en un intento de asegurar a Cataluña una sustancial mejora de sus recursos. La medida, contra la que se han rebelado barones del PSOE y socios del Gobierno, tiene un difícil encaje constitucional y dinamita el modelo de financiación. Además, requiere la reforma de una ley orgánica que a día de hoy carece de los apoyos suficientes, lo que, a falta de que las divididas bases de Esquerra se pronuncien sobre el preacuerdo, la deja en el alero.