La sequía que viene

Las alertas que suenan en Cataluña serán seguidas muy probablemente por las de Andalucía, sin que haya seguridad alguna de que sean silenciadas por la lluvia que caiga dentro de meses o de que no se extiendan hacia otras comunidades. La sequía no está para bromas, y mucho menos para puyas como las que lanzó ayer Isabel García Ayuso. Ni siquiera está para que afloren de nuevo los agravios reales o supuestos entre territorios y cuencas. Lo más significativo del problema está en el pormenor de las medidas de urgencia de la Generalitat. Parecen ocurrencias anecdóticas, pero son el reflejo de una impotencia institucional más que preocupante. Una llamada desesperada a cerrar cañerías y grifos en un esfuerzo voluntarioso por tratar de que el agua siga corriendo pasado mañana, aunque sea en menor cantidad.

No existe una política de Estado frente al cambio climático más que en un sentido tentativo. Pero su enunciado general tampoco serviría para atajar el problema de la sequía si no va acompañado de una adenda ejecutiva en materia de agua. La contención en su uso es ya un mandato que compromete a los ciudadanos, aunque precisaría un mayor esfuerzo de sensibilización. El aprovechamiento óptimo del agua disponible requeriría ideas, proyectos y fondos públicos también como argumento motivador de las restricciones. Pero ante todo es necesario generar un consenso institucional y social para que el país en su conjunto asuma que debe administrar y compartir el agua realmente existente poniéndose en lo peor en cuanto a la precipitación futura.