Sánchez contraataca

Es insólito que la esposa de un presidente del Gobierno esté imputada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. También que un juez se traslade a La Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo. Y que este, tras acogerse ... a su derecho a no hacerlo, se querelle por prevaricación contra el instructor a través de la Abogacía del Estado aunque no esté comprometida la institucionalidad de su posición, sino las actividades de su cónyuge. Tal correlación de hechos retrata una situación excepcional en la que debe primar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Al exigir que Pedro Sánchez declarara en persona, y no por escrito, el juez Juan Carlos Peinado priorizó la condición de marido de Begoña Gómez a la de presidente, como si ambas fuesen separables, en una cuestionable interpretación jurídica. Como lo es si sus investigaciones han desbordado o no los límites marcados por la Audiencia de Madrid. Ello no justifica los ataques de los que ha sido objeto desde instancias de poder ni exime al presidente y su esposa de ofrecer las explicaciones que todavía deben a la opinión pública sobre unas actividades de dudosa ética y poco estéticas.