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La propuesta de reforma fiscal pactada por el PNV y el PSE cuyas líneas generales presentaron ayer las diputadas de Hacienda de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en sus respectivas Juntas Generales era una asignatura pendiente desde 2020, aplazada primero por la pandemia y luego por ... razones de diverso tipo, incluido un intenso calendario electoral. El tiempo transcurrido no ha dotado de profundidad a la iniciativa que, a falta de conocer su articulado, apuesta por el continuismo en los tipos de gravamen, la estructura y la inmensa mayoría de las deducciones del IRPF, así como en el tratamiento de los beneficios empresariales, aunque incorpora medidas con acento social en línea con preocupaciones ciudadanas y con las mayorías necesarias para ser aprobada.
Con el aumento hasta 19.000 euros del mínimo exento para presentar la declaración de la renta, las diputaciones recuperan un signo de identidad perdido años atrás: que los contribuyentes con ingresos más bajos pagan menos impuestos en Euskadi que en el resto de España. Además, corrigen así la inexplicable anomalía de que la última subida del salario mínimo haya sido absorbida con creces por la retención aplicada en la nómina a los trabajadores sujetos a él en nuestra comunidad. Tiene pleno sentido utilizar el margen de maniobra que brinda el Concierto para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda, como hace el borrador. La mejora de las deducciones por la compra o el alquiler a los contribuyentes de hasta 36 años representa sin duda un alivio, aunque para ser eficaz precisará de una moderación de los precios y salarios más altos. La supresión de las deducciones por este concepto a las bases imponibles superiores a 85.000 euros es un guiño ideológico oportunista con el que el PNV y el PSE, en minoría en Álava y Gipuzkoa, parecen inclinarse más por EH Bildu que por el PP como posible socio para sacar adelante la norma en esos dos territorios.
Euskadi tiene pendiente un gran debate sobre la fiscalidad no solo como herramienta para disponer de recursos suficientes con los que garantizar unos servicios públicos de calidad, sino también para captar proyectos tractores, talento y elevar su competitividad. Un debate con visión de país, luces largas y sin complejos ni apriorismos dogmáticos. La reforma sobre la mesa, cortoplacista y de limitada ambición, ha de estar abierta a aportaciones de distinta procedencia que la enriquezcan en aras del bien común.
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