Polémica amnistía total

El preámbulo se extiende en defender que la amnistía es constitucional -en contra de lo mantenido por el presidente en funciones hasta el 23-J-, para lo que recurre a tres argumentos. Establece una analogía abusiva y revisionista respecto a la amnistía de octubre de 1977 que dejó atrás la dictadura franquista y fue avalada por la corte de garantías. Además, consigna referencias de Derecho comparado y menciones en la legislación española que incurren en una confusión jurídica interesada. Y se aferra a la idea de que la soberanía popular encarnada en las Cortes Generales tendría la última palabra, cuando la nueva norma quedará sujeta tras su aprobación al examen del Tribunal Constitucional y al criterio de distintas instancias judiciales. Los proponentes se abstuvieron ayer de hacerse eco del 'lawfare' -la supuesta manipulación de la Justicia con fines políticos- al que se refiere el acuerdo entre el PSOE y Junts, que ha provocado una unánime e insólita reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, que creen en peligro un pilar la división de poderes, un pilar básico de una democracia. Pero su sola interpretación de la prolija exposición de motivos pasará a estar presente en demandas y recursos que eleven personas procesadas que se crean víctimas por sus ideales independentistas.

La exención mediante amnistía de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas, contables o sobre la función pública en actos relacionados con el 'procés' transmite el mensaje de que no hubo causa para que las actuaciones que perseguían la desconexión de Cataluña respecto a la España constitucional al margen de la ley acabasen en procesamientos y condenas. Convierte, por tanto, en víctimas del Estado a quienes se sublevaron contra él, sin que haya mediado siquiera por su parte una renuncia expresa a la vía unilateral. Es probable que ni ERC ni Junts incurran de nuevo en actos de flagrante ilegalidad desde las instituciones. Aún así, la iniciativa transmite un mensaje de permisividad que ya ha tenido el efecto contradictorio de que, pese a estar encaminada a normalizar las relaciones entre Cataluña y el resto del país -ojalá permita avances en ese terreno-, ha agrandado significativamente la peligrosa fractura política nacional hasta el extremo de poner en jaque la convivencia.

Al margen de lo que el TC decida sobre si la extraordinaria medida de gracia se ajusta o no a la Carta Magna, la gran cuestión es la conveniencia política y la justificación moral de una propuesta que permitirá la investidura de Sánchez a costa de tensionar al límite las instituciones democráticas.