Los cinco años que el Consejo del Poder Judicial lleva caducado denotan el profundo desencuentro entre PP y PSOE. La diatriba sobre el obligado cumplimiento de las previsiones constitucionales o la necesidad de que los poderes del Estado actúen por separado para asegurar su equilibrio ... tiende a olvidar algo muy importante: la seguridad institucional que requieren los funcionarios que investigan, procesan y juzgan, y la confianza de los ciudadanos respecto al ejercicio de la Justicia. Ambas se resienten muy seriamente por tan injustificable bloqueo. Pero la inquina entre conservadores y socialistas acapara el asunto. Ayer Pedro Sánchez asimiló la interinidad del CGPJ a la 'lawfare' que, tras consignarse en el acuerdo entre el PSOE y Junts sujeto a verificación internacional, aún no ha sido detallada como denuncia. El presidente del Consejo, Vicente Guilarte, propone dejar en manos de magistrados y juristas los nombramientos de quienes deban hacerse cargo de instancias jurisdiccionales y así restar estímulos a la avidez partidista. La salida se encuentra en la reforma de la norma orgánica para que los jueces se autogobiernen y responsabilicen plenamente de la Justicia.
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