Pobreza persistente

Esa realidad no justifica autocomplacencia alguna. No puede haberla cuando los recursos públicos destinados a tal fin, el récord de ocupación del mercado laboral y la favorable evolución de otros indicadores económicos no se han sustanciado en avances significativos si se analizan los datos con un poco de perspectiva. La tasa de exclusión social se ha reducido en apenas dos décimas en una década. En ese periodo se ha mantenido el nivel de pobreza, ha ascendido ligeramente la población en mayores dificultades y solo ha caído el grupo con un empleo de baja intensidad. Además, se ha ensanchado la brecha entre el sector más vulnerable y el resto. En resumen, los progresos registrados tras quedar atrás la Gran Recesión se han evaporado con las dos crisis encadenadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. La recuperación no ha llegado a los más desfavorecidos y Euskadi es más desigual en términos de bienestar.

El hecho de que, aun así, sus parámetros sean significativamente mejores que los del resto del país no debe servir de consuelo. Asistimos a una cronificación de la pobreza alimentada por la difícil inserción laboral de quienes llevan tiempo en ella, el empleo precario y el inaccesible precio de la vivienda. Agrava el problema la desbocada carestía de la cesta de la compra, con un severo impacto en las familias con menos recursos. Garantizar unas dignas condiciones de vida a los más desfavorecidos obliga a actuar en esos ámbitos y constituye un deber moral de una sociedad solidaria que no puede mirar hacia otro lado ante una realidad incómoda que es preciso atajar.