Pedro Sánchez anunció el lunes, durante un mitin en Santander, que el Consejo de Ministros de ayer daría paso a «la paridad por ley» para registrar hoy el proyecto en el Congreso. La víspera del pasado 8 de marzo el Gobierno ya deliberó sobre tal ... iniciativa. Ahora ha añadido al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial a la Ley de Representación Paritaria, aunque pone el acento en los consejos de administración de las empresas cotizadas. De esa forma, nuestro país aplicará la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado noviembre, a la que en algunos aspectos trata de adelantarse dos años a la meta temporal de 2026 fijada por la UE.

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La norma, que exige un 40% para el género infrarrepresentado al frente de las diversas instancias del Estado y de las grandes compañías, consolida legalmente la situación actual de las primeras e introduce un requisito que las segundas no podrán eludir cuando, además, las del Ibex se encuentran próximas a alcanzarlo. Aunque el verdadero reto introducido por la regulación comunitaria es que cuando menos el 33% de los puestos de alta responsabilidad sean resultado de procesos de selección que se ajusten al mismo criterio. Y el verdadero cambio llegará cuando concierna a las firmas de menos de 250 trabajadores.

El presidente, que con razón defendió el lunes esta reforma como un acto de justicia, se refirió a aquellos a los que no les gusta nada. Aunque ayer mostró su deseo de que los demás partidos se sumen al proyecto, convertir una directiva europea en un valor partidista, incluso en un gesto providencialista, no hace justicia a un objetivo a compartir finalmente por el conjunto de la sociedad. Por todas las mujeres y por todos los hombres. El Boletín Oficial del Estado es un instrumento legítimo y necesario para hacer realidad la igualdad de derechos y de oportunidades. Pero las mayorías parlamentarias que publican en él sus iniciativas no deberían concederle una función taumatúrgica. Fijar mínimos que nos acerquen a la paridad es indispensable y representa un avance que contribuye a dejar atrás siglos de injusticia patriarcal. Por hercúleo que le parezca al Gobierno este esfuerzo legislativo, en realidad no es tal. La verdadera tarea histórica consiste en echar abajo la divisoria de género en los estudios universitarios y en las carreras y vocaciones profesionales, y en hacer de la conciliación un desafío igualitario. Solo así se hará justicia al mérito de las mujeres.

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