La mayor riada en un siglo

Paisanos acostumbrados a soportar periódicamente fortísimos aguaceros, a vadear torrenteras de siempre y otras nuevas, a pilotar en circunstancias límite y a levantar muros o cavar trincheras contra el agua se vieron sobrepasados por un fenómeno meteorológico casi inimaginable en su capacidad destructiva, aunque cada vez más frecuente en diversos puntos del planeta como consecuencia del cambio climático. La ciencia no podía predecir con exactitud ni la magnitud de la dana ni la localización exacta de sus efectos más dañinos. Las autoridades optaron por evitar el pánico sin contemplar la posibilidad de lo peor para advertir a los ciudadanos que fuesen drásticos: no salir a carreteras y caminos y guarecerse en lo más alto de cada localidad o de los edificios a su alcance. Los valencianos fueron recibiendo los avisos y las noticias como si se tratase de una más de las gotas frías estacionales. Hoy guardan un luto desgarrador, junto al que lloran todos los españoles.

Es responsabilidad de la Generalitat valenciana y de las demás instituciones competentes analizar lo ocurrido, deteniéndose en primer lugar en la aplicación concreta de los protocolos de alertas y comunicaciones, y en la suficiencia o no de las medidas de protección previstas. Sin que los gestores públicos se pongan de antemano a la defensiva ni la oposición parta de conclusiones críticas que no estén basadas en datos y verificaciones. Una responsabilidad que ha de extenderse de inmediato a la identificación de las decisiones y concesiones de ordenación territorial y urbanística que hayan podido ser propicias a una tragedia que ni la sociedad ni las instituciones pueden olvidar en décadas.

La excepcional movilización de medios por parte de las administraciones se corresponde con la magnitud de la catástrofe. Resulta obligado el máximo esfuerzo de coordinación entre ellas, al margen de sus colores políticos, en aras del bien común y habilitar con urgencia cuantas medidas sean necesarias para ayudar a los damnificados. La anunciada declaración de «zona altamente afectada» por parte del Gobierno central es un primer paso al que deben seguir otros.