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La proposición de ley por la que el PSOE pretende introducir cambios en el modelo de enjuiciamiento busca restringir las capacidades de la acción popular ante juzgados y tribunales, una figura amparada por el artículo 125 de la Constitución para garantizar la participación de los ... ciudadanos en la Justicia. Que esta forma de acusación esté reconocida y protegida por la Carta Magna ha aconsejado siempre encarar con cautela el debate, recurrente en el entramado jurídico español, sobre su uso y la eventual necesidad de embridar sus abusos. Pero lo que no cabe, bajo ninguna circunstancia, es afrontar un cambio legislativo de tanto calado como el que pretende restringir esta prerrogativa, afectando a la tutela judicial efectiva del artículo 24, a través de una iniciativa sin consenso; registrada como proposición de ley de los socialistas para permitir al Gobierno sortear los informes preceptivos de los consejos constitucionales; y que introduce la insólita salvaguarda de que se aplicará a procesos «en curso», a sabiendas de que la previsión legal puede obligar al archivo de las causas abiertas a la mujer y el hermano de Sánchez. La propuesta del PSOE incurre en la misma sombra de inconstitucionalidad que la amnistía: la de legislar 'ad hoc' en función de necesidades de parte.
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