La investidura y el Rey

Se trata de un terreno inexplorado, sumamente resbaladizo y no previsto por la Constitución. Su artículo 99 solo establece que el jefe del Estado citará a los portavoces de todas las fuerzas políticas para pulsar sus intenciones. A partir de esos contactos, y desde la absoluta neutralidad partidista consustancial a su magistratura, le corresponde designar como candidato a quien, según su criterio, cuente con más opciones de ser elegido. En una democracia parlamentaria no tiene por qué ser necesariamente el líder de la sigla más votada o con más escaños si existe otra alternativa con mayores posibilidades de éxito. También puede suceder que cuando se cierren esas audiencias en el Palacio de La Zarzuela, a las que para expresar su rechazo a la Monarquía no suelen acudir las fuerzas independentistas, algunos grupos sigan sin aclarar su postura y ninguno de los candidatos tenga garantizados los apoyos necesarios, lo que añadiría complejidad a una decisión de enorme trascendencia y susceptible de generar controversia.

Por ello mismo, si mantienen su pulso hasta el final, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han de hacer compatible su legítima pugna por recibir el encargo del Rey con el escrupuloso respeto a su elección. Sea esta cual sea, en un país polarizado hasta el extremo existe el peligro de que suscite el rechazo de seguidores del partido que se sienta perjudicado y sirva de excusa para, desde uno u otro bando, erosionar a la Corona, cuya obligada neutralidad política no admite dudas y es una fuente de confianza. Ninguno de los dos dirigentes puede ignorar ese riesgo ni permanecer de brazos cruzados ante él -mucho menos, azuzarlo- al estar en juego la estabilidad institucional.