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La elección de Vicente Guilarte como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, sustituyendo a Rafael Mozo tras la jubilación de éste, que había asumido esa misma condición al dimitir Carlos Lesmes hace diez meses, evidencia aún más la anómala situación en que se ... encuentra el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde diciembre de 2018. El propio Mozo subrayó en su retirada esa «anomalía constitucional» que «debilita y erosiona las principales instituciones de la Justicia española y, por tanto, de nuestro Estado de Derecho». Esa anomalía no solo merma la composición del Consejo, sino que su provisionalidad rebaja las atribuciones para efectuar nombramientos imprescindibles en el funcionamiento de las distintas instancias judiciales. El nombramiento del nuevo responsable del CGPJ mantiene al magistrado Francisco Martín al frente del Tribunal Supremo, a pesar de que la Constitución prevea en su artículo 122 que ambos órganos sean encabezados por la misma persona, lo que añade otra anomalía a la situación.
El hecho de que cuatro de los integrantes del CGPJ deban ser designados con el apoyo de tres quintas partes del Congreso y otros cuatro por idéntico respaldo del Senado sitúa la responsabilidad de su renovación sobre el PSOE y el PP. Muy probablemente continuará siendo así tras las elecciones del domingo. La negativa del Partido Popular a procurar el imprescindible acuerdo parlamentario y la renuencia de los socialistas a facilitarlo insistiendo en el incumplimiento de la Constitución por parte de los populares se han prolongado durante cuatro años y medio sin que haya seguridad alguna de que el 23-J desbloquee la situación, después de que en todo este tiempo no haya habido acercamientos entre las dos formaciones que parecían anunciarlo.
Guilarte, miembro del CGPJ a propuesta del PP, tendría al parecer la intención de convocar una sesión plenaria del Consejo para el próximo martes que, a lo sumo, podría acordar una declaración pidiendo su renovación. Aunque a estas alturas sería más lógico que el Congreso y el Senado resultantes analizaran una reforma de urgencia de la ley orgánica correspondiente, con el consenso de los grandes partidos, para adecuar la normativa a las indicaciones de la UE sin olvidar que Bruselas considera con toda razón que lo prioritario en este momento es nombrar un Consejo que acabe con la excepcionalidad actual.
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