La admisión por el pleno del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno contra la tramitación por el Parlamento catalán de una iniciativa legislativa popular en favor de la independencia, que implica su inmediata paralización mientras los magistrados deliberan sobre el fondo del asunto, es coherente ... con el hilo conductor por el que la corte de garantías desmontó en su día las intenciones rupturistas del 'procés'. A la espera de lo que acabe resolviendo, los pronunciamientos del TC en los años más críticos de la intentona separatista incidieron en que el marco constitucional de la España autonómica no permite la secesión de parte de una de sus comunidades. Pero la insistencia del Ejecutivo de Sánchez en que la independencia no cabe en la Carta Magna y, por lo tanto, tampoco el referéndum que exigen Junts y ERC -ambos dieron cauce a la iniciativa ahora impugnada con su apoyo y su abstención, respectivamente-, no puede sustraerse del contraste entre esa rotundidad y lo que implica la ley de amnistía. La exoneración de las causas del 'procés' no legaliza la consulta, pero arriesga legitimarla al despenalizar la del 1-O enmendando la respuesta del Estado de Derecho.
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