La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de tumbar el decreto con el que se planifica la actividad en los centros de enseñanza de Euskadi no sólo constituye una llamada de atención a las autoridades que gestionan la educación en la comunidad. ... La anulación que ha dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo, amparada en un defecto de forma de la normativa, conlleva la introducción de fuertes dosis de incertidumbre, sobre todo por el momento tan crítico en el que se anuncia: a escasas tres semanas del inicio del plazo de prematriculación para una población escolar que arrancó con casi 360.000 alumnos en este curso. El Gobierno vasco dio a entender que la resolución, al «no ser firme», no tendría consecuencias prácticas y subrayó que el decreto cuestionado por el tribunal «sigue en vigor» para poder empezar a ordenar el próximo ejercicio. Sería deseable en todo caso que despejase cualquier duda con celeridad, ya que la norma recurrida por ampas defensoras de la escuela pública vasca determina el número de escolares por aula y el porcentaje de estudiantes vulnerables, indicador que sirve para reservar plazas para este colectivo tan sensible en cada colegio.
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