La renuncia del Gobierno a prorrogar el gravamen extra a las empresas energéticas, condenado al fracaso por la oposición de Junts, mientras mantiene el de la banca aunque suavizado vuelve a demostrar su debilidad parlamentaria. Una imagen que se agudizará si Sumar y Podemos, contrarios ... a esa rectificación, cumplen su amenaza de tumbar el proyecto de ley en el que ha sido incluida de tapadillo, que aplicará un tipo mínimo del 15% a los beneficios de grandes multinacionales. Este asunto pone de relieve los contradictorios intereses en la denominada «mayoría de progreso», que cada vez con más frecuencia no es mayoría y tiene integrantes, como Junts o el PNV, difícilmente identificables con la izquierda. La justificación que pudieron tener esos impuestos para financiar ayudas sociales en una situación económica crítica ha desaparecido, por lo que el intento de prorrogarlos solo tiene carácter recaudatorio o ideológico. A las petroleras les ha funcionado su advertencia de suspender millonarias inversiones si se aprobaba la medida, en contraste con el amago de recursos judiciales de la banca. Una subida fiscal de 9 céntimos por litro al gasóleo pagará parte de la factura que deja.
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