Gobierno y Justicia

Mientras tanto, jueces y fiscales siguen manifestando inquietud ante los acuerdos partidistas en que se sustentó la investidura del presidente. La proposición de ley de amnistía, tras la mención al 'lawfare' en el pacto entre el PSOE y Junts, despierta más que recelos sobre las intenciones del Gobierno respecto a la independencia de la Judicatura. Además, la muy controvertida actuación del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al trasladar al Supremo la investigación sobre el 'caso Tsunami' y pedirle que investigue por un presunto delito de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira podría desajustar los planes de la legislatura. Pero en eso consisten los contrapesos de la división de poderes. En que los objetivos de las fuerzas políticas, por legítimos que sean, no discurran a expensas de una impunidad dictada por encima de las leyes vigentes. El Ejecutivo no puede alegar ante Bruselas que se trate de cuestiones meramente domésticas y no sustantivas para las libertades.

La multiplicidad de crisis a las que debe enfrentarse el ministro Bolaños reclama de él todo menos recurrir al BOE para embridar al Poder Judicial reformando su ley orgánica en sentido opuesto a las indicaciones de la UE.