Glovo se pliega por fin a la ley

La plataforma de distribución de comida y paquetería a domicilio ha ignorado de forma contumaz la 'ley rider', aprobada en 2021, y la jurisprudencia del Supremo que desmontó con meridiana claridad la ficción de que las compañías del sector eran meras intermediarias entre los comercios y estos profesionales pese a ejercer un estricto control sobre sus condiciones laborales y proveerles del material para que desarrollen sus funciones. Esos empleados, sentenció el Alto Tribunal, no son emprendedores por su cuenta desvinculados de tales empresas, sino asalariados suyos, lo que implica el reconocimiento de derechos salariales, de vacaciones o a coger bajas, entre otros, que les eran negados por una calificación como autónomos que no se ajustaba a la realidad. Los grupos que operan en esta actividad se han amoldado a la nueva situación. Salvo Glovo, que ha mantenido hasta el límite unas prácticas inadmisibles que datan de la época en la que existía un vacío legal ya cubierto y solo ha dado su brazo a torcer cuando una avalancha de sanciones la ha puesto contra las cuerdas y su propietario se enfrenta a una posible pena de prisión tras una reciente reforma impulsada por el Gobierno. Su forzada rectificación coincidió ayer con el anuncio de una demanda por competencia desleal en la que Just Eat le reclama 295 millones.

La llamada economía digital no puede suponer la implantación de prácticas abusivas impropias del siglo XXI como las que han sufrido durante años los 'riders'. La firma catalana deberá hacer compatible su rentabilidad con unas dignas condiciones laborales de sus 15.000 repartidores. Como destacó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, ninguna empresa, por muy grande que sea, está por encima de la ley.