El acuerdo general avanzado ayer en Bruselas sobre el estatus diferencial que, a pesar del Brexit, tendrá Gibraltar en relación a la Unión Europea permite suponer que en un plazo breve España y Reino Unido podrán concretar los términos en los que los intereses de ... los ciudadanos y de las empresas radicadas en torno al Peñón prevalecerán, sea cual sea su pasaporte u origen, sobre las consecuencias de una ruptura que los demás países de la UE deploraron y que una amplia parte de la opinión pública británica considera que fue un grave error. El encuentro entre el vicepresidente de la Comisión Maros Sefcovic y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, con su homónimo británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ofreció a la cita las características de una reunión de máximo nivel, correspondiente a sus propósitos.
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La presencia de Cameron, 'premier' británico durante el Brexit, concede al compromiso una relevancia especial. Aunque ni Bruselas ni Madrid deberían presentarla como una corrección impuesta a Reino Unido cuando de lo que se trata es de que aquel país asuma como una política propia la minimización de los efectos sociales y económicos de su ruptura con la Unión que se han demostrado nocivos para sus ciudadanos de la región. Que en el encuentro 'a cuatro' se lograran «avances significativos» en materias como el uso del aeropuerto y la movilidad de bienes y personas da carta de naturaleza a aventurar que, cuatro años después de la vigencia efectiva del Brexit, puede anunciarse la próxima apertura de una frontera instaurada entre Gibraltar y su entorno español por el empecinamiento populista más profundo de Gran Bretaña.
Pero hay en el comunicado final de la Comisión Europea y en las versiones de los participantes un tono en exceso lacónico respecto a su alcance y aplicación. Como al afirmar que se trató de «un día productivo». Dado que «las negociaciones seguirán durante las próximas semanas para concluir el acuerdo», sería importante que los sectores directamente concernidos tuvieran noticia puntual de cada paso adelante que se produzca. Empezando por que el Gobierno español proceda, en atención a los mínimos de la cogobernanza del Estado autonómico, a informar y tener en cuenta el parecer de la Junta de Andalucía y las demás administraciones de esa comunidad, así como el de las fuerzas de la oposición.
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