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La resolución por la que el Tribunal de Justicia de Cataluña ha absuelto a Dani Alves de la condena a cuatro años y medio de ... prisión por violación impuesta por la Audiencia de Barcelona ha provocado el comprensible desconcierto que despiertan los veredictos que se enmiendan entre sí. Más aún cuando lo que se dirime es la imputación por un delito tan grave como la agresión sexual a una mujer; y cuando el desenlace, a la espera de recursos, ha sido restar la credibilidad a la denunciante que sí le había otorgado el tribunal de instancia a la luz de los mismos testimonios y pruebas. Pero que la exoneración de Alves provoque rabia y frustración en aquellas mujeres -y hombres- que lo creen culpable no puede llevar, y menos a una vicepresidenta del Gobierno como María Jesús Montero, a cuestionar la prevalencia del derecho constitucional a la presunción de inocencia. No solo por el inusual correctivo recibido de las asociaciones de magistrados y fiscales. Si el objetivo es que las víctimas denuncien, flaco favor les hace deslegitimar un fallo conforme a la ley, aun cuando pueda discreparse, extendiendo la sospecha de que nuestro Estado de derecho no ampara a las mujeres atacadas.
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