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El Consejo Interterritorial de Salud no ofreció el lunes el consenso sobre el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios y residencias de mayores que la ministra Mónica García esperaba al convocarlo. Hoy vuelve a reunirse esa instancia, denominada de «cogobernanza» durante la pandemia, ... con la previsión de que, si persisten recelos entre las comunidades sobre la conveniencia de esa medida, el Ejecutivo central la impondrá en el conjunto de España para frenar los contagios por virus respiratorios que han tensionado el sistema de salud. La disparidad de criterios, que va más allá de las diferentes siglas que controlan cada territorio, obedece a motivos dispares que guardan relación con la distinta incidencia de las infecciones, con la férrea defensa de las competencias autonómicas en esta materia y con la improvisación de un encuentro sin seguir los cauces establecidos en el que iba a ser puesta en solfa la gestión de la crisis por parte de los encargados directos de afrontarla, que niegan haber cometido error alguno.
Es evidente que las administraciones -también la central- han actuado con una inexplicable tardanza, que el Ministerio de Sanidad intenta cubrir ahora, en lo que a él respecta, asumiendo la coordinación con cierta improvisación y cuando los contagios, tras varias semanas disparados, están cerca de alcanzar su pico. De poco parece haber servido la experiencia del covid. El empleo de mascarillas para evitar contagios debería ser un hábito de las personas con síntomas y, en periodos con una alta expansión de virus respiratorios como el actual, una prevención a considerar en centros sanitarios, el transporte público o en grandes aglomeraciones. Bien como recomendación, que para ser eficaz requiere un potente discurso de las instituciones y una intensa pedagogía, o como exigencia en función de la coyuntura epidemiológica.
Pero el problema ha estado más en la falta de vacunación que en la falta de mascarillas. Es en ese punto donde ha fallado la «cogobernanza» en la interinidad post 23-J en una sociedad excesivamente confiada tras la pandemia y lo que ha de ser corregido con urgencia. La idea de rebajar la presión asistencial mediante 'autobajas' laborales de tres días, como ha propuesto el ministerio, permitiría sin duda aliviar la saturación en ambulatorios y centros de salud. Pero más bien parece un parche que puede plantear problemas jurídicos y fomentar la picaresca que una solución propiamente dicha.
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